La CIDH presentó el informe sobre las protestas sociales dadas en el país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el “Informe Situación de los Derechos Humanos en el Perú” respecto a las protestas sociales, a través del cual aborda el contexto de la crisis de institucionalidad democrática y social, observada por la CIDH en la visita de trabajo del 11 al 13 de enero de 2023.

El informe abarca los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, relatándose una relación pormenorizada de estos en orden cronológico. Para su elaboración, se trabajó con entrevistas e información recibida en terreno e información complementaria posterior a la visita, en su mayoría de fuentes oficiales.

En su análisis, la CIDH observó que las protestas que iniciaron el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explícitas y coyunturales; asimismo, dichas demandas contienen exigencias de comunidades campesinas y pueblos indígenas que deben ser atendidas por el Estado. Entre ellas se encuentran el pedido de acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación, mayor representación política, consulta previa sobre proyectos extractivos y la distribución equitativa de la riqueza que éstos generen.

Uno de los principales hallazgos es que existe un deterioro generalizado del debate público que se suma a una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, al igual que una fuerte tensión entre Lima y otras regiones donde predomina la población indígena y campesina. Aunado a ello, las confrontaciones entre los poderes públicos y las sucesivas crisis políticas vividas en el país desde el 2016 han profundizado la polarización social y la desconfianza en las instituciones.

En las protestas que tuvieron lugar desde el 7 de diciembre de 2022, se registraron situaciones de violencia donde la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional, registrándose graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.

En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma dado el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como, por la existencia de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o simplemente se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad.

En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, la CIDH concluye en su informe que las muertes ocurridas podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre.

En el caso de Juliaca, la CIDH concluye que se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas. Todo esto en el marco de una compleja situación violenta, que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto.

Entre sus recomendaciones, la CIDH invoca al Estado Peruano a reparar a las victimas integralmente, recalcando la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos que pudieran haberse dado. En ese punto, la CIDH ofrece su asistencia técnica.

Asimismo, plantea implementar una estrategia de diálogo “con enfoque étnico y territorial”, garantizando en esta la participación de pueblos indígenas y comunidades campesinas.

En cuanto al accionar policial y militar se recomienda “adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en el desarrollo de las manifestaciones y protestas para que su actuación priorice la defensa de la vida y la integridad de todas las personas”.

En el plano institucional, la CIDH recomienda al Estado Peruano “abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial”, y “delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso".

Revise aquí el Informe sobre la "Situación de Derechos Humanos en Perú"