Constituye barrera burocrática exigir a los empleadores de establecimientos comerciales tener el carné de sanidad de sus trabajadores a la mano (Res. 0062-2023-SEL)

El INDECOPI mantuvo su posición respecto a la exigencia realizada por la Municipalidad Provincial de Trujillo, la cual exigía que los carnés de sanidad de los trabajadores de establecimientos comerciales estén a la mano o visibles

El 17 de febrero de 2023 se emitió la Resolución N.º 0062-2023/SEL-INDECOPI, en el proceso seguido con Expediente N.º 014-2019/CEB-INDECOPI-LAL, contra la Municipalidad Provincial de Trujillo. De oficio, el INDECOPI inició un procedimiento por barreras burocráticas contra la entidad edil señalada, ya que ésta había emitido una norma que exigía a los empleadores y/o conductores de establecimientos comerciales tener en un lugar visible y a la mano los carnés de sanidad de sus trabajadores, en la Ordenanza N.º 039-2011-MPT. Esto devino en la Resolución N.º 0749-2019/INDECOPI-LAL, en la cual la Comisión declaró barrera burocrática la medida señalada.

El 02 de diciembre de 2019, la Municipalidad apeló la resolución señalada, alegando los siguientes argumentos:

• Existe un agravio económico por la posible sanción pecuniaria que afectaría al erario municipal.
• La primera instancia no ha valorado la autonomía de la Municipalidad.
• Existe una falta de motivación de la resolución cuestionada, pues no ha desarrollado un análisis de la decisión adoptada y no ha valorado los medios de prueba y argumentos plasmados.
• La Municipalidad ha actuado conforme a la Ley, dictando una medida no arbitraria, acorde al interés público; y tampoco ha motivado adecuadamente la falta de razonabilidad y legalidad del contenido de la Ordenanza señalada.
• La resolución atenta contra lo regulado en el artículo 59 de la Constitución, el cual establece que las libertades de los ciudadanos no pueden ser lesivas a la salud.

Sobre el primer punto, la Sala señala que ha dictado un mandato de inaplicación de la medida señalada, así como una medida correctiva consistente en que la entidad informe a los ciudadanos acerca de la medida declarada ilegal en el presente procedimiento. Sólo en el supuesto que la Sala confirme la resolución de primera instancia y que la entidad incumpla con el mandato de inaplicación, se podrá iniciar un procedimiento sancionador y, eventualmente, imponer una multa a la Municipalidad.

Por otro lado, respecto a la autonomía municipal, el Tribunal Constitucional ha sido enfático en señalar que la autonomía de los gobiernos locales no es absoluta, pues se encuentra limitada a lo establecido en la Constitución y en la ley. De esta manera, la Sala considera que, si bien la municipalidad cuenta con autonomía política, económica y administrativa; ello no determina inmediatamente que una barrera burocrática impuesta por la entidad edil sea legal, por lo cual puede pronunciarse respecto de la legalidad y/o carencia de razonabilidad de las barreras burocráticas cuestionadas por los administrados.

Sobre la alegada falta de motivación de la Resolución N.º 0749-2019/INDECOPI-LAL, se tiene que la Comisión, en dicha resolución, justificó su decisión en los siguientes fundamentos:

• Si bien la municipalidad es competente para regular y controlar la salubridad de los establecimientos comerciales, al momento de ejercer esta facultad debe observar la legislación vigente a fin de no contravenir normas emitidas con rango de Ley.
• El artículo 13 de la Ley N.º 26842, Ley General de Salud, indica que ninguna autoridad podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné sanitario de salud o documento similar, como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio y afines.
• En múltiples pronunciamientos, la Comisión ha declarado barrera burocrática ilegal la obligatoriedad de la obtención del carné de sanidad.

Por ende, se entiende que la Comisión evaluó los medios de prueba y argumentos esgrimidos por la entidad edil; no obstante, los mismos fueron desestimados por contravenir el artículo 13 de la Ley General de Salud. 

Sobre la falta de sustento a la razonabilidad y legalidad de la Ordenanza señalada, se tiene que la Comisión o Sala sólo evaluará la razonabilidad de la medida su supera el examen de legalidad. Sin embargo, en el presente caso, la medida denunciada no superó el análisis de legalidad, por lo cual no correspondía realizar el análisis de razonabilidad.

Finalmente, sobre el último punto, la Comisión enfatizó que el pronunciamiento en primera instancia no desconoce las facultades de los gobiernos locales para efectuar controles posteriores y permanentes en materia de saneamiento, salud y salubridad, que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente; siempre que se haga de acuerdo a sus competencias y respetando las normas generales con rango de ley relacionadas al tema.

Respecto al marco legal, la Sala indica que el artículo 80 de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades, señala que las municipalidades distritales se encuentran facultadas para expedir carnés de sanidad y regular las condiciones de salubridad de establecimientos comerciales.  Del mismo modo, el artículo 6 del Decreto Supremo 007-98-SA dispone que las municipalidades cuentan con facultades para la vigilancia sanitaria de los establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas.

Así también, la Ley General de Salud y el Decreto Supremo 007-98-SA facultan expresamente a las municipalidades para fiscalizar la salubridad de los establecimientos de comercialización, elaboración y expendio de alimentos y bebidas de su jurisdicción.

De esta manera, queda demostrado que son las municipalidades distritales y no las provinciales las que pueden emitir carnés de sanidad.

Por otro lado, la Sala realiza un análisis de legalidad de la resolución cuestionada. Para ello, primero se verifica que el artículo 9 de la Ordenanza Municipal N.º 039-2011-MPT, en efecto, exige a los empleadores y/o conductores de los establecimientos comerciales a que tengan en un lugar visible o a la mano los carnés de sanidad de sus trabajadores.

Esto contraviene lo estipulado en el artículo 13 de la Ley General de Salud, el cual expresamente señala que ninguna autoridad podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud o carné sanitario, como condición para el ejercicio de sus actividades profesionales, de producción, comercio o afines. Asimismo, la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la ley citada derogó toda disposición que estableciera la obligatoriedad de la obtención del carné de sanidad.

Así, se demuestra que la norma materia de controversia establece una condición para desarrollar una actividad comercial, la cual resulta contraria a lo previsto en el artículo 13 de la Ley General de Salud. La imposición de la obligación de exigir los carnés de sanidad, interpuesta por ordenanza, se opone directamente a lo estipulado en una Ley, la cual señala que ninguna autoridad podrá exigir a las personas un carné de salud como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio o afines.

Sin embargo, eso no impide que los municipios dispongan de mecanismos para resguardar la sanidad y salubridad de los locales comerciales, los cuales deberán ser distintos a la exigencia de portar carnés de salud a las personas que laboren en dichos establecimientos.

Revisa la sentencia aquí