Historia jurisprudencial - La sentencia que, por primera vez, señala que, una vez promulgada una Ley, esta se independiza de las intenciones del legislador y cobra vida autónoma (Exp. N.º 0014-1996-AI/TC)

En una de sus primeras resoluciones, el Tribunal Constitucional señala que la Ley se desliga de la intención del legislador una vez emitida, aplicando este concepto en la regulación de la esterilización quirúrgica como política de Estado

El 28 de abril de 1997, el Tribunal Constitucional emitió una de sus primeras sentencias, en el proceso de inconstitucionalidad seguido por más del 25% del número total de congresistas contra la Ley N.º 26530, que modifica la Ley de Política Nacional de Población. En su demanda, solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la Ley señalada, alegando que este vulnera los derechos a la integridad física y libertad individual de la población peruana.

Los demandantes sostienen que la única finalidad de la norma impugnada es incluir a la esterilización quirúrgica como un método de planificación familiar autorizado. Esto viola la Constitución, en tanto la intervención quirúrgica provoca una incapacidad fisiológica e irreversible, al impedir que el ser humano procree, lo que no concuerda con la naturaleza temporal de los métodos anticonceptivos y provoca una lesión a la integridad física. Por otro lado, también señala que se vulnera el derecho a la libertad individual, pues elimina la capacidad de decidir sobre la procreación.

El Congreso, como demandado, contesta que la idea detrás de la norma impugnada es incluir los procedimientos quirúrgicos en la legislación peruana, que la Ley añade un párrafo destinado a garantizar que la adopción de métodos de planificación familiar se base en el libre ejercicio de la voluntad, que el ser humano puede decidir rebelarse contra sus capacidades (en este caso, su capacidad de procrear), y que el uso de procedimientos quirúrgicos responde a exigencias de la vida real y a la necesidad de ampliar los efectos de la Política Nacional de Población.

En la sentencia, el Tribunal Constitucional alega que, aunque las intenciones del legislador pueden ayudar a interpretar leyes oscuras o ambiguas, una vez promulgada, la Ley se independiza de las intenciones de sus autores y cobra vida autónoma. En este caso, la Ley atacada no legaliza explícitamente la esterilización quirúrgica como método de planificación familiar, por lo que no se puede afirmar que la norma cuestionada permita este procedimiento.

El Tribunal Constitucional también señala que el concepto de planificación familiar debe entenderse como un programa familiar libremente acordado por la pareja, que tiene por objeto la libre determinación del número de sus hijos y asegurar la decisión libre, informada y responsable de las personas y las parejas sobre el número de hijos que deseen procrear. Según este entendimiento, los métodos que impiden la programación y el espaciamiento de los nacimientos, como la esterilización quirúrgica, no pueden considerarse como métodos de planificación familiar, ya que privan de la capacidad de procrear y, por tanto, de programar y/o espaciar los nacimientos.

Por tanto, el Tribunal Constitucional concluye que la modificación introducida por la ley, al eliminar la prohibición de la esterilización quirúrgica, enfatiza la prohibición radical del aborto y deja a criterio de la pareja el derecho de decidir, con entera libertad, respecto de la utilización de los demás métodos anticonceptivos que, en cada circunstancia, puedan ser considerados en el catálogo de los de planificación familiar.

En resumen, el Tribunal Constitucional sostiene que la ley atacada no legaliza la esterilización quirúrgica como método de planificación familiar, que el concepto de planificación familiar excluye los métodos que impiden la procreación y que la modificación introducida por la ley enfatiza la prohibición radical del aborto y deja a criterio de la pareja el uso de los demás métodos anticonceptivos.

Finalmente, el Tribunal Constitucional, por mayoría, declaró improcedente la demanda, pero estableció que, en la interpretación de dicha norma, no se puede considerar la “esterilización quirúrgica irreversible” como método de planificación familiar ni, por ende, autorizado por la ley impugnada.

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