Se sanciona a demandante y abogada por presentar certificados médicos observados
Publicado el 30 de marzo, 2023
El Tribunal Constitucional sancionó al demandante y su abogada por volver a presentar certificados médicos que, al ser observados, no generaron credibilidad
El 14 de octubre de 2022, la Sala Primera del Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 410/2022, en el proceso seguido con Expediente N.º 1693-2021-PA/TC, iniciado por Lucio Paitán Gonzalo contra la Oficina de Normalización Previsional (en adelante, ONP).
En el caso en concreto, el demandante solicitó la nulidad de la Resolución que le deniega la pensión y, en consecuencia, se le otorgue pensión de invalidez bajo los alcances de la Ley N.º 26790 con la correcta aplicación del artículo 18.2.1 del Decreto Supremo N.º 003-98-SA, con el pago de las pensiones devengadas desde el 14 de noviembre de 1997.
Alega que padece de neumoconiosis I grado con 50% de incapacidad permanente parcial, según el Certificado Médico del 14 de noviembre de 1997; y de neumoconiosis e hipoacusia neurosensorial moderada con 65% de incapacidad permanente parcial, según Certificado Médico del 22 de septiembre de 2010. Ante ello, la ONP señala que no ha presentado el certificado del médico tratante ni el certificado de inicio y fin del goce del subsidio de incapacidad temporal otorgado por el Seguro Social de Salud; asimismo, alega que, en otros procesos de amparo, presentó certificado médicos cuya validez fue cuestionada, por lo que se declararon improcedentes las demandas.
La demanda fue declara improcedente en primera instancia, pues se advirtió que los certificados médicos presentados tienen diagnósticos contradictorios y, teniendo en cuenta que el proceso de amparo no cuenta con etapa probatoria, la controversia debe dilucidarse en un proceso contencioso-administrativo. Por otro lado, la Sala Superior confirmó la apelada, señalando que quien firma el Informe Radiológico del certificado del 22 de septiembre de 2010 no es el médico tratante, con lo que se desvirtúa el mérito probatorio de tal dictamen médico.
Al respecto, el Tribunal Constitucional recuerda las reglas de asignación de pensión respecto a lo señalado en el Decreto Supremo N.º 003-98-SA:
- Para la invalidez permanente parcial, se pagará como mínimo una pensión vitalicia mensual equivalente al 50% de la remuneración mensual, cuando se demuestre que, por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el asegurado pierda la capacidad de trabajo de forma permanente en una proporción igual o superior al 50% pero inferior al 66.6%.
- Para la invalidez permanente total, se pagará una pensión vitalicia mensual equivalente al 70% de la remuneración mensual, cuando se demuestre que el asegurado pierda la capacidad para el trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior al 66.6%.
Asimismo, el Tribunal ha emitido precedentes vinculantes sobre el tema, señalando que la enfermedad profesional sólo podrá ser acreditada con un examen o dictamen médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, EsSalud o de una EPS. También señala que los informes médicos emitidos por las comisiones médicas calificadoras de incapacidad del Ministerio de Salud y de EsSalud tienen plena validez probatoria en el proceso de amparo, y que éstos pueden perderla cuando se demuestra que dichos informes son falsificados, no tienen historia clínica, o la misma no está debidamente sustentada en exámenes auxiliares e informes de resultados emitidos por especialistas.
En el caso del demandante, se observa que el certificado médico del 14 de noviembre de 1997 fue emitido por el Instituto Peruano de Seguridad Social, el cual no tiene pleno valor probatorio en la vía del amparo; por otro lado, el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad del 22 de septiembre de 2010 señala que padece hipoacusia neurosensorial moderada, enfermedad que no se encuentra en el certificado médico emitido en 1997. Asimismo, no se adjuntan los exámenes auxiliares correspondientes requeridos para sustentar el Informe de Evaluación Médica del certificado emitido en 2010, lo cual provoca que éste carezca de valor probatorio para el caso en concreto.
En adición a ello, si bien en el certificado de 2010 se acredita que el demandante padece de neumoconiosis y de hipoacusia neurosensorial moderada con un 65% de incapacidad, en el proceso de amparo seguido en el Expediente N.º 1409-2015, el demandante presentó Certificado Médico del 05 de mayo de 2012, alegando que padecía de 55% de incapacidad. Esto resulta manifiestamente contradictorio cuando se toma en cuenta que las enfermedades señaladas son degenerativas e incurables, por lo cual corresponde acudir a la vía ordinaria para determinar si el actor padece o no de las enfermedades señaladas.
De esta manera, tras haber presentado tres certificados médicos que no generan la credibilidad necesaria para solicitar la pensión a través del proceso de amparo, se ha incurrido en conducta temeraria en el presente proceso, según lo estipulado en el Código Procesal Civil. Por lo tanto, al haberse faltado a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe por haber actuado de forma temeraria en el ejercicio de sus derechos, el Tribunal Constitucional sancionó con una multa valorizada en 5 Unidades de referencia procesal (URP) a la abogada del demandante, y a éste con una multa de 1 URP.
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