Se sanciona al Estado peruano por haber discriminado durante su actuación administrativa a una pareja cliente de un supermercado (Olivera Fuentes vs. Perú)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley y protección judicial.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia el 4 de febrero de 2023 en la que declaró que el Estado de Perú es responsable por violar los derechos del señor Crissthian Manuel Olivera Fuentes a la libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley y protección judicial. Esto se debió a las respuestas administrativas y judiciales que recibió de las autoridades nacionales después de que denunciara haber sido discriminado en una cafetería de un supermercado por su orientación sexual el 11 de agosto de 2004.

Durante su estancia en la cafetería, el señor Olivera y su pareja afectiva del mismo sexo estuvieron haciendo demostraciones de afecto y un cliente se quejó ante la encargada del supermercado. La encargada y el personal de seguridad les instaron a cesar en su conducta afectiva o abandonar el establecimiento, ya que uno de los clientes alegó que había niños en el establecimiento. El señor Olivera consideró esto como un trato discriminatorio ya que las parejas heterosexuales podían mostrar afecto en el establecimiento.

En octubre de 2004, el señor Olivera presentó una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi contra Supermercados Peruanos S.A. Sin embargo, la CPC declaró infundada la denuncia, ya que no se pudo demostrar el trato discriminatorio al existir versiones contradictorias de las partes involucradas. En relación a la tutela del interés superior del menor, la CPC consideró que los niños podrían verse afectados negativamente al presenciar conductas homosexuales, alegando la defensa del interés superior del niño en su decisión.

Ante ello, el señor Olivera presentó un recurso de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de Indecopi; sin embargo, dicho tribunal confirmó la resolución impugnada, señalando que se requerían pruebas o indicios para determinar la infracción.

Posteriormente, el señor Olivera presentó una demanda contencioso-administrativa para solicitar la nulidad de la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia. No obstante, en primera instancia rechazó la demanda, alegando que las pruebas aportadas por el demandante no eran suficientes para demostrar la discriminación alegada.

Posteriormente, el señor Olivera presentó un recurso de apelación, pero este también fue rechazado, ya que se consideró que la carga de la prueba correspondía al consumidor y que no se había demostrado que el demandante fuera víctima de discriminación. Además, se señaló que no había certeza sobre los hechos acaecidos y se debía preservar el derecho constitucional a la presunción de inocencia del establecimiento denunciado.

Finalmente, el señor Olivera presentó un recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, pero este recurso fue declarado improcedente ya que suponía una nueva valoración de la prueba.

En su sentencia, la Corte IDH estableció una serie de consideraciones sobre el derecho a la libertad, vida privada, libertad de expresión, igualdad ante la ley, garantías judiciales y protección judicial en el caso concreto. En particular, la Corte se enfocó en los estándares en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género aplicados a las empresas, y destacó la importancia de que las empresas asuman su responsabilidad de respetar los derechos de la comunidad LGBTIQ+, no solo en el contexto laboral, sino también en sus relaciones comerciales.

En adición a ello, la Corte determinó que los Estados tienen la obligación de desarrollar políticas adecuadas y actividades de reglamentación, monitoreo y fiscalización para que las empresas adopten acciones dirigidas a eliminar todo tipo de prácticas y actitudes discriminatorias contra la comunidad LGBTIQ+. Además, las empresas deben formular políticas para atender su responsabilidad de respetar los derechos humanos e incluir en ellas expresamente los derechos de las personas LGBTIQ+, ejercer diligencia debida para detectar, prevenir y mitigar toda repercusión negativa y tratar de resolver toda repercusión negativa en los derechos humanos que hayan causado o a la que hayan contribuido.

Al aplicar los estándares señalados líneas arriba al caso en concreto, la Corte examinó la motivación de las resoluciones dictadas a nivel interno, el alegado uso discriminatorio de estereotipos sobre orientación sexual y expresión de género y el alegado incumplimiento del plazo razonable. Sobre el primero, destaca que, una vez que la víctima ha presentado un caso prima facie en el que se acredita la existencia de un trato diferenciado y discriminatorio por parte de una empresa, la carga de la prueba pasa al autor, es decir, la empresa denunciada, debiendo demostrar que no hizo tal distinción o que existió una justificación objetiva y razonable que amparara esta diferencia de trato.

La Corte encontró que, en este caso, las autoridades no analizaron debidamente los numerosos indicios de discriminación existentes y aplicaron en favor de la empresa denunciada el principio de presunción de inocencia, lo que supuso la imposición de una exigencia probatoria contraria a los estándares interamericanos.

Respecto al segundo punto, se observó que las resoluciones administrativas estuvieron motivadas por razones discriminatorias con base en la orientación sexual del denunciante y su pareja, alegando un supuesto impacto negativo de las conductas afectivas del demandante y su pareja ante los demás clientes del establecimiento, lo que impidió el acceso de la pareja a un órgano imparcial que analizara la denuncia de conformidad con los estándares interamericanos del debido proceso.

Sobre el tercer punto, la Corte concluyó que el Estado no incumplió el artículo 8.1 de la Convención Americana en cuanto al plazo razonable; porque aunque el caso no era muy complicado y el señor Olivera no enfrentó obstáculos por parte del Estado, el Tribunal no encontró suficientes pruebas para demostrar una conducta negligente por parte del Estado, especialmente cuando el caso pasó por cinco instancias judiciales en un lapso de seis años y medio, desde que el señor Olivera presentó su denuncia hasta la última resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, la Corte ordenó al Estado realizar diversas acciones en un plazo determinado como forma de reparación por el caso de Crissthian Manuel Olivera Fuentes. Estas acciones incluyen proporcionar tratamiento psicológico o psiquiátrico gratuito y adecuado a Olivera Fuentes, publicar la sentencia en el Diario Oficial y en un medio de comunicación de amplia circulación, publicarla en varias páginas web estatales, diseñar una campaña informativa anual para promover la igualdad y no discriminación de las personas LGBTIQ+, elaborar un plan pedagógico y un manual de razonamiento jurídico sobre los estándares interamericanos en casos de discriminación hacia personas LGBTIQ+, y diseñar una política pública para monitorear y fiscalizar que las empresas cumplan con los estándares interamericanos sobre igualdad y no discriminación de las personas LGBTIQ+. El Estado también deberá pagar cantidades fijadas en la sentencia por daño inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, y reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte la cantidad erogada durante la tramitación del caso.

Revisa la sentencia aquí